Violencia Institucional

¿EN QUÉ CONSISTE?

La violencia institucional se trata de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarias/os o agentes estatales pertenecientes a fuerzas de seguridad (como la policía, fuerzas armadas, servicios penitenciarios), operadores judiciales y personal de la salud, entre otros.

Pueden tener lugar en diferentes espacios: en la vía pública, medios de transportes, comisarías, patrulleros, centros de detención, cárceles, albergues, refugios, hogares residenciales, hospitales, lugares para el tratamiento de consumo problemático, salud mental, y demás establecimientos en donde niñas, niños y adolescentes reciben servicios o se encuentran bajo el cuidado y supervisión de personal que estén relacionadas de alguna forma con el Estado.

La violencia institucional incluye hechos de violencia física o psicológica que provocan sufrimiento y amenazan o restringen el ejercicio de los derechos.
Si bien todas las niñas, niños y adolescentes pueden sufrir violencia institucional, las y los adolescentes provenientes de sectores populares o barrios en situación de vulnerabilidad son mayormente afectados por el accionar de las fuerzas de seguridad.
Algunos ejemplos son:

  • Detenciones ilegales y arbitrarias.
  • Intimidaciones, amenazas, malos tratos, hostigamientos, persecuciones.
  • Violencia sexual.
  • Tortura.
  • Homicidios cometidos por fuerzas de seguridad.
  • Cuando se niega la atención, por ejemplo, a la salud.
  • Cuando no se reciben denuncias, o cuando se revictimiza a la persona descreyendo o desacreditando sus palabras.
En Argentina estos hechos son delitos y se encuentran prohibidos por Ley.

Cualquier persona o grupo de personas es pasible de sufrir actos de violencia institucional. No obstante, ciertas condiciones y factores de las víctimas, como la edad, acentúan aún más su sufrimiento y la violación de sus derechos. Las niñas, niños y adolescentes sufren la violencia institucional de forma más intensa ya que están en pleno proceso de desarrollo y en mayor estado de vulnerabilidad.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?

La violencia ejercida por funcionarios/as públicos/as genera sufrimiento y tiene graves consecuencias negativas. Son eventos traumáticos que perjudican gravemente la salud física y mental de la persona que la padece. Además, provocan desconfianza y temor, en tanto ocurren como resultado de la acción u omisión de agentes estatales que son quienes tienen el deber de proteger.

EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (ASPO) Y LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La situación excepcional de emergencia sanitaria por COVID- 19 generó restricciones y límites en la circulación para toda la población. Con el fin de evitar la propagación del virus, se estableció el “Aislamiento, social, preventivo y obligatorio” (ASPO) con diferentes restricciones según cada jurisdicción. En el marco de su cumplimento, las fuerzas de seguridad tienen algunas facultades para realizar ciertos controles como, por ejemplo, solicitar el DNI o autorizaciones de circulación de las personas que transiten por la vía pública. Las personas que sean controladas por parte de las fuerzas de seguridad deben recibir un trato cordial y respetuoso, y deben recibir explicaciones de las razones por las cuales no pueden permanecer fuera de sus hogares1. Es importante tener en cuenta que, aun en momentos excepcionales de restricción a la circulación-como en el contexto actual-, no puede afectarse el cumplimiento de los derechos humanos básicos como, por ejemplo, el derecho a la vida, la integridad física, psíquica y a la salud, entre otros. Si escuchás, tomás conocimiento por cualquier vía o recibís pedidos de ayuda de alguna chica o chico.
Consultá, informate y actuá.

1 PROCUVIN, Facultades y límites a la actuación de los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en el marco del control del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO), 2020. Disponible en https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/Procuvin-informe-1.pdf